Estalla la polémica sobre la revisión de las pensiones de sobrevivientes que contempla el proyecto de ley sobre la pobreza. La disposición, aprobada a finales de enero por el Consejo de Ministros, llegó en estas horas a la comisión de Trabajo de la Cámara. Está en juego el trato debido a uno de los dos cónyuges a la muerte del otro: hoy el monto de la asignación se determina (con límites) sobre la base de las contribuciones pagadas por la persona fallecida; en el futuro, de acuerdo con la disposición del Gobierno, el cálculo estará ligado de manera más rígida a los ingresos del perceptor del subsidio.
CÓMO FUNCIONA HOY
Las normas vigentes ya prevén varios supuestos en los que la pensión de supervivencia se reduce respecto al tratamiento al que hubiera tenido derecho el fallecido. Hay dos esquemas a tener en cuenta.
1. La parte a la que tiene derecho
– el sobreviviente es igual al 60% de la pensión del familiar fallecido si se paga solo al cónyuge (y esto es en casi todos los casos) y al 70% si se debe solo a un hijo (aquí y en los siguientes puntos se hace referencia a los hijos menores de edad o hasta los 26 años si son estudiantes universitarios).
– El subsidio asciende al 80% de la pensión si el núcleo familiar beneficiario incluye cónyuge e hijo o dos hijos sin cónyuge.
– La cuantía del sobreviviente corresponde al 100% de la pensión del causante si hay dos o más hijos además del cónyuge, o 3 o más hijos sin cónyuge.
– Se prevé otro 15% para cada uno de los demás miembros de la familia con derecho, excepto el cónyuge, hijos y nietos.
2. Combinación con otros ingresos (no aplica en caso de uno o más hijos dependientes)
– Si los ingresos del beneficiario superan los 1.500 euros brutos mensuales (tres veces el mínimo del INPS), la reversibilidad se reduce en un 25%. Pero tenga cuidado: esta reducción adicional se aplica a la parte de la pensión del difunto a la que tiene derecho. Por ejemplo, si la pensión del difunto hubiera sido de 2.000 euros, el cónyuge beneficiario sin hijos a cargo recibiría el 60% (1.200 euros) y es de esta cantidad que se debe descontar un 25% adicional (igual a 300 euros en el ejemplo ) . El saldo final del superviviente sería por tanto de 900 euros.
– El recorte sube al 40% para rentas superiores a 2.000 euros mensuales (4 veces el mínimo del INPS).
– Por encima de 2.500 euros al mes, la reducción alcanza el 50%.
QUÉ CAMBIARÍA CON LA REFORMA
La intervención lanzada por el Gobierno debería cambiar este enfoque, porque prevé la posibilidad de revisar el sistema de pensiones de sobrevivencia vinculándolo al ISEE (Indicador de Situación Económica Equivalente), que se refiere a la renta familiar, no a la renta individual. En consecuencia, sólo se reducirá el número de personas que tendrán derecho a la prestación de supervivencia. Según Spi-Cgil, que dio la voz de alarma, el desembolso solo se otorgará a quienes tengan muy bajos ingresos.
Stefano Sacchi, comisionado extraordinario de Isfol (Instituto para el desarrollo de la formación profesional de los trabajadores) y exconsultor del Ministerio de Trabajo, aclaró hace dos semanas que "no se tendrá en cuenta el componente patrimonial del Isee", sino solo los ingresos. componente. Además, desde Palazzo Chigi subrayaron que las nuevas reglas se aplicarán solo a las pensiones futuras, no a las existentes.
LA PROTESTA DE DAMIANO
“Llega a la Cámara la delegación del Gobierno en el tema de apoyo a la pobreza, que es positivo en sí mismo – dijo Cesare Damiano, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara -, pero que prevé la posibilidad de recortar las pensiones de sobrevivientes. Para nosotros esto no es aceptable. Sería la enésima intervención tras las duras del gobierno Monti”.
LA RÉPLICA DEL PALAZZO CHIGI
“Si hay medidas de racionalización –responden desde Palazzo Chigi– serán solo para evitar el despilfarro y la duplicación, no para recaudar dinero en una guerra entre pobres. La delegación del Gobierno da, no quita”.
POLETTI: "CONTROVERSIA SIN FUNDAMENTO"
“La polémica sobre las pensiones de sobrevivientes es totalmente infundada – agregó el ministro de Trabajo y Políticas Sociales, Giuliano Poletti -. Evidentemente hay quienes buscan la fácil visibilidad y se deleitan en inventar un problema que no existe para luego poder decir que lo han resuelto. El proyecto de ley habilitante del gobierno deja explícitamente intactos todos los tratamientos existentes. Para el futuro no se estudia ninguna intervención sobre las pensiones de sobrevivientes; lo único que propone la delegación es la superación de situaciones superpuestas y anómalas. Reitero que el gobierno quiere dar y no quitar: por eso, para combatir la pobreza, la ley de estabilidad prevé la asignación de 600 millones para 2016 y 1 millones estructurales a partir de 2017”.
